Finaliza una nueva semana, donde una serie de temas merecen ser tratados desde esta columna. Estamos ya a una semana de las PASO Nacionales, donde los santafesinos debemos asistir nuevamente a las urnas. ¿Qué se vota en esta oportunidad? Presidente y vice de la nación, diputados nacionales y los representantes al Parlasur (parlamento del Mercosur, con asiento en Montevideo).
El futuro de la empresa Vicentín. Lo primero es ser muy claros, desde que lugar nos paramos. Sucede que este caso emblemático está cruzado por intereses políticos, desde el mismo momento en que el Presidente se despachó pretendiendo inconsultamente su estatización. Luego habría de reconocer: “creía que con esta medida me iban a aplaudir …” y podemos agregar lo terminaron “puteando”. En aquellos momentos, Alberto Fernández mostraba índices de aprobación de su gestión realmente históricos. Algunos señalan, fue el principio del fin para este presidente, que ni siquiera tiene actualmente el apoyo para buscar su reelección.
Existen también los intereses económicos de algunos oportunistas. Algunos los llamarían buitres, otros caranchos, o simplemente oportunistas. Son los que inexorablemente quieren y trabajan por el cram-down; o sea, lisa y llanamente la quiebra de la empresa concursada. Poder de fuego no les falta, cuentan en su haber con el poder mediático de Rosario y se especula también hasta con “aceitados” contactos con algún miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. El avocamiento que ordenara oportunamente el máximo órgano de la justicia santafesina se inscribiría en este contexto.
Desde la vereda de enfrente, existen también intereses políticos y económicos. La oposición supo capitalizar aquel garrafal error presidencial y oportunamente supo ganar el centro de la escena y el dominio de las calles y rutas, recordando a lo que en su momento fue la resolución 125 en el año 2008. Existen intereses que apuntan al salvataje de la empresa concursada y respaldan su continuidad, aunque en manos de otros capitales, porque entienden es el mal menor. En un concurso, se sabe, la mayoría pierde.
Lo importante es salvar la empresa. Esta es la posición de este columnista, lo que no significa apoyar a los empresarios, cuyo comportamiento seria motivo de otro articulo editorial. La conducta de sus directores debe ser separada de la continuidad de la empresa. Hay un carril, y es el penal, que está investigando si hubo o no reproches delictivos y que es muy saludable pueda expedirse al respecto. Lo preocupante es cuando la justicia penal se entromete en el desarrollo del concurso, que se aborda a través de la justicia comercial.
Controversia judicial. Un juez penal de Rosario, Hernán Postma, requirió al juez del concurso, Fabián Lorenzini, que se abstenga de continuar con el tratamiento del análisis u homologación del concurso. Fundamenta que la propuesta concursal contempla la venta de activos, que están impedidos de ser vendidos por estar cautelados por orden judicial de diciembre de 2020. Sí, es el mismo. El doctor Postma fue sometido a un jury de enjuiciamiento, paso previo a la destitución de los jueces. Su abogado defensor, coincidentemente, es el mismo profesional que ahora ejerce la defensa de quienes pretenden la quiebra de la empresa y el apartamiento de Lorenzini de este concurso. ¿Casualidad o causalidad?.
¿Quién piensa y defiende a los trabajadores? Esa es la gran pregunta. La aprobación del concurso permitirá que los operarios puedan sostener su fuente de empleo. ACA -Asociación de Cooperativas Argentinas-, Bunge y Viterra cuentan con la solvencia necesaria para asegurar la continuidad operativa de la empresa. Quienes apuntan a la quiebra, no brindad una alternativa superadora que garantice la operatividad de la concursada, a esta altura lo único que realmente importa. Solo algunos legisladores y políticos desvaídos se mantienen en la alternativa estatizadora como ¿la mejor alternativa?.
Vicentín se anotó dos porotos. En gran medida, esta historia de intereses absolutamente encontrados, se mide en tiempos. La falta de una definición conspira contra la continuidad de la empresa, quienes trabajan por su quiebra lo saben y así actúan. Sin embargo, se supo esta semana que se suscribieron los acuerdos necesarios, mediante el sistema de fazón, lo que garantiza su operatividad hasta enero de 2024.
Al mismo tiempo, las consultoras que debían brindar sus respectivos dictámenes ante el juez concursal, se expresaron afirmativamente por la viabilidad de la propuesta. Se explica, aplicando el test de quiebra, que con esta propuesta los acreedores recuperarían un 35% de sus acreencias, el cram-down serviría para que solo recuperen un 5%.
Una historia que sigue en la justicia. Seguramente, las posiciones encontradas del juez penal y su par concursal, deberá ser dirimida por la Corte Suprema de Justicia. Allí se dirimirá el futuro de la empresa. Lo más importante, que cualquiera sea la resolución que se adopte, se garantice la continuidad de su operatividad, más allá de quienes sean sus nuevos dueños.
Les deseo una muy buena semana.
Lic. José Carlos Odasso
