La semana que finalizó, tuvo un tema muy importante de lo que se habló y que tuvo su desenlace en la sesión del ultimo jueves en el Concejo Municipal. Se trata del decreto 093 del Departamento Ejecutivo Municipal, fechado el 19 de marzo último.
La mencionada disposición municipal establece en su articulo 1: “asignar a los empleados municipales de planta permanente los cargos que vienen subrogando, hasta los asignados al 31 de octubre de 2023”. El decreto establece tres anexos, con las fechas en que deben disponerse la asignación de cargos al personal que los viene subrogando.
La llama de la polémica fue encendida por el presidente del Concejo Municipal. El Ing. Walter Kreni calificó al decreto de ilegal e inmoral. El Secretario General del municipio, Lic. Guillermo Romero Mansur, y la secretaria General del SITRAM, Andrea Paz, salieron a cruzar al concejal, con fuertes acusaciones en su contra.
No es motivo de este editorial, poder establecer la motivación de Kreni sobre este decreto del departamento ejecutivo. En realidad, es la segunda oportunidad ya, desde que ocupa la presidencia del cuerpo deliberativo que se cruza frontalmente con funcionarios municipales. La otra oportunidad, vale recordar, fue por la presunta deuda de Aerolíneas, que el municipio negó terminantemente, si bien el reclamo de la empresa fue efectuado.
Andrea Paz aclaró en Vía Libre Radio que el decreto en cuestión es absolutamente legal y que se trata de un largo reclamo del sindicato a su cargo, por cuanto explicó, todo agente municipal que subroga un cargo por más de 90 días, tiene el derecho legal que le asiste, de reclamar el ascenso de categoría en consonancia con la nueva función encomendada. La titular del SITRAM, incluida en la lista de la discusión, cargó al mismo tiempo muy fuertemente hacia Kreni, y dijo que el inmoral es él, en función de lo que gana y cuánto trabaja.
Está buena la nueva polémica. Está bueno establecer que debe trabajar un funcionario, concejal o personal municipal y cuánto debería percibir por ello. Si efectivamente, la paga sería una recompensa por el trabajo realizado, sería aplicar un criterio de productividad, que realmente sería muy bueno. En el mientras tanto, y a hasta que ese criterio se aplique en la actividad pública, siguiendo el criterio de Andrea, parafraseando a Enrique Santos Discépolo podríamos llegar a decir: “los inmorales nos han igualao”. No es para tanto, ¿No es para tanto?
El valor de la excelencia. Más allá del fragor de la discusión, en la que muchas veces se dice algo de lo cual luego la persona se arrepiente, más allá de la legalidad del decreto en cuestión, me surge reflexionar con ustedes sobre la raíz de este tema. ¿Cómo se ingresa y cómo se asciende en la mayoría de los municipios, no en todos es cierto?
En Reconquista, prácticamente desde la vuelta de la democracia, alcanzan los dedos de las manos para contar los concursos efectuados para el ingreso del personal. Entonces, antes y ahora, se debe tener “una palanca política” para poder ingresar, no se entra por capacidad sino por afinidad política con el gobierno de turno. No se busca la excelencia, sino la afiliación política partidaria que pasa a ser “el mérito” para el ingreso.
Primero, pasan a engrosar la planta de contratados o personal temporario, donde perciben magros salarios, incluyendo allí a profesionales. Luego, pasado un determinado lapso de tiempo, están en condiciones de concursar para poder ingresar a la planta permanente del personal de la municipalidad.
A partir de ese momento sus remuneraciones son otras y fundamentalmente pasan a gozar del derecho de estabilidad laboral, que no existe para el empleado que trabaja en relación de dependencia en la actividad privada. Allí, oficialistas y opositores están muy de acuerdo, no hay chisporroteos como en este caso, porque cada uno incorporan a los que más pueden. El que no tuvo el apoyo político de alguien afín al gobierno del momento, no podrá participar del concurso porque no es personal temporario.
Esta nueva discusión para Andrea Paz no tiene sentido y es una reivindicación. Todo personal municipal que subroga (cumple funciones) en otro cargo, pasado 3 meses ejerciendo la nueva terea, tiene derecho a reclamar la categoría del cargo que le fuera encomendado.
Corresponde detenernos a pensar un instante. ¿qué pasa en la actividad privada? ¿Si algún operario ejerce una nueva función, podrá luego de un trimestre reclamar su nueva categoría? La respuesta es obvia y seguramente será negativa. Es cierto, hay agentes que por más de 20 años, están subrogando ese cargo, pero en otros tantos, con muy poco tiempo legalmente ya pueden reclamar por el ascenso que legalmente le corresponde. Acá no hay ningún tipo de concurso, sino la determinación del gobierno de turno que los designó. El único mérito es la afinidad política. Mientras algunos acceden a ese derecho, otros tantos, la mayoría no tiene esa misma posibilidad.
El decreto cuestionado es legal y se ajusta a derecho. La pregunta que corresponde efectuarse: ¿es realmente legítimo? Si el parámetro que mide el cambio de categoría es ese, nada asegura que se premie a los mejores. Algunos logran el objetivo, la mayoría no tiene esa misma posibilidad. El valor de la excelencia no es tenido en cuenta, el único mérito es hacer buenas migas con quienes ocupan el poder político del municipio. Es otro aspecto que al menos debería ser reconsiderado y eventualmente modificado. ¿Es demasiado iluso, acaso?
Les deseo una muy buena semana.
Lic. José Carlos Odasso
