Sin dudas, son tiempos de vacas flacas y cuando esto sucede, las aguas se vuelven turbulentas. El gobierno provincial tiene claro que tiene cuatro organismos que son barriles sin fondo, a saber: la Caja de Jubilaciones, el IAPOS (la obra social provincial), y las empresas del estado santafesino: EPE y Aguas Santafesinas.
El gobierno de Pullaro no quiere ser un pasamanos de recursos, que los ingresos se destinen exclusivamente a pagar sueldos y a atender los déficits de los organismos ya apuntados. Apunta a ir por más, esto significa impulsar la obra pública, la producción y naturalmente seguir invirtiendo en seguridad (la baja de los homicidios parece darle la razón) y obviamente la educación, sin olvidar tampoco la contención social que requiere cada vez más recursos ante el aumento de la pobreza y la indigencia en el país.
La reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia. Con un déficit anual proyectado en más de 400 millones de pesos, no es un dato menor. Nadie discute que esta cifra se corresponde con la realidad. Las miradas comienzan a tornarse confrontativas cuando a buscar vías de soluciones alternativas se trata.
El gobierno apunta a disminuir el déficit mediante un proyecto girado a la legislatura e ingresando a través del Senado, que ya le otorgó media sanción como sucede siempre en este tipo de circunstancias, el rojo se reduce por dos vías: el incremento de los ingresos y/o la disminución de los egresos. Esta es la finalidad de la propuesta, que quienes más beneficios tienen, realicen más aportes (esto moleta especialmente al sector judicial que cuenta con las jubilaciones más suculentas junto al propio poder político); y estirar la edad jubilatoria para acceder al 82%, o bien, reducir ese porcentaje (aquí los más afectados son los docentes y la policía).
¿Quién paga el déficit? Cuando el gobierno menemista reformó el sistema jubilatorio argentino, se estableció que aquellas cajas que se mantuvieran en jurisdicción de las propias provincias, los déficits serían asumidos por la nación. El kirchnerismo ya no cumplió con esa normativa legal e hizo que el entonces gobernador Hermes Binner hiciera la primera presentación de Santa Fe ante la Corte Suprema de Justicia. Macri abonó en gran parte el déficit pero no pagó la deuda generada durante los gobiernos de Néstor y Cristina. Alberto, no fue la excepción, tampoco absorbió el rojo de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia. Sólo acordó con Perotti el pago de la deuda original pero con bonos, o sea, que lo terminen pagando los próximos gobiernos. El pague Dios, más o menos así, tal cual se administraron los recursos en este bendito país. Llegó Milei y antes de ser presidente ya dijo: “No hay plata”. Pullaro efectuó el reclamo correspondiente ante el máximo órgano de justicia de la Nación, pero de aquí hasta que tenga resolución favorable y luego el gobierno de turno se digne a cumplir pasará otra vez una infinidad de tiempo. La pregunta ahora es: ¿Quién paga el déficit en el mientras tanto?.
La protesta de los gremios estatales. Es natural que se opongan al proyecto modificatorio. Nadie en el mundo acepta gustoso, cuando sus beneficios o ingresos se afectan. Por ello aquello de: “La caja no se toca”. La AMSAFE, gremio que nuclea a los docentes oficiales santafesinos y la Festram (Federación Santafesina de Trabajadores Municipales) canalizaron la protesta con un paro por 24 horas, el resto alzó su desencanto pero sin ir a una medida de acción directa.
Cuando se les pregunta, quién debe asumir ese déficit, que bueno es reiterarlo nadie discute en cuanto a su magnitud, se escuchan dos alternativas: el gobierno de Pullaro (entiéndase todos los contribuyentes santafesinos); o bien, apelar a un nuevo impuesto que financie el rojo previsional (como si en estas circunstancias fuera tan fácil pensar en incrementar la carga impositiva)
¿Quién no debe pagar ese déficit? Pueden existir diversas opciones o alternativas, pero lo que está claro que el único que no debería aportar para este propósito es el contribuyente santafesino, que con sus aportes financia hasta el momento este desfasaje. Realmente no es justo que mucha gente luego de haber aportado toda su vida, hoy la ANSES le abone la mínima, o sea, algo menos de 300 mil pesos, bono incluido. En el caso de los agentes oficiales de la provincia, con menos años de aportes en muchos casos, perciben como piso casi el doble de esa cifra.
Lo ideal es que todos perciban un beneficio jubilatorio que les permita acceder a una vida digna, lo que no está bien, es que algunos si puedan lograrlo con lo que otros aportan vía impuestos. Una pregunta final: ¿Qué pasaría si la legislatura dijera, la caja de jubilaciones es de ustedes señores, háganse cargo ustedes y resuelvan según su mejor saber y entender? Santo remedio.
Les deseo una muy buena semana.
Lic. José Carlos Odasso
