Lo que dejó la semana
Lo apuntamos ya en el editorial pasado. La que pasó iba a ser también una semana corta por el feriado nacional del lunes. No obstante, fue prodiga en hechos que merecerían abordarse en esta columna, pero quiero hacer eje en un tema muy preocupante.
El unánime rechazo a la apelación del Ministerio Público de la Acusación por el caso Oreste “Gareca” Bernardi y otros. La determinación uniforme fue adoptada por el tribunal de alzada; es decir, la Cámara de Apelaciones compuesta por sus tres miembros, que se expidieron de idéntica manera.
El origen de esta causa nace en los numerosos delitos contra la propiedad que el fiscal Aldo Gerosa -de licencia por prescripción médica, mejor dicho, psicológica- imputó a “Gareca” Bernardi y otros, a la que calificó de la “banda más importante de la historia de la zona”. Un título de portada que, a muchos de ustedes, oyentes y lectores, los llevó a decir “al fin”.
El fiscal interviniente, en todo momento, afirmó tener las pruebas para efectuar el acusamiento que se aprestaba a realizar. Lo verdaderamente llamativo ya, fue cuando el Tribunal Oral en primera instancia desechó los alegatos y elementos reunidos por la parte acusadora y dejó libres de culpa y cargo a los presuntos delincuentes.
El fiscal Gerosa pretendió explicar que la dilación del juicio en el tiempo lleva a que testigos claves olviden algunos detalles y por lo tanto no logren ser convincentes. El miembro del Ministerio Público de la Acusación -MPA- aludió a que fueron realmente extenuantes, donde resultaba imposible sostener la concentración, y también por la fecha del año establecida para este juicio. Y que ese fallo sería apelado, como se hizo, porque era una forma de mitigar una derrota judicial enorme.
La Cámara ratificó lo que ya era imposible modificar. Esta semana, efectivamente, se conoció el fallo donde el tribunal de alzada confirmó la sentencia de primera instancia. No se podía esperar algo muy distinto. En esta instancia, ya no se pueden agregar o modificar pruebas.
Esta sentencia deja mucha tela para cortar y varios interrogantes que el MPA y el Jefe Regional de los fiscales especialmente, Rubén Martínez, deberán explicarle a la sociedad. ¿La investigación fue realmente defectuosa y en tal caso porqué? ¿Qué se hizo mal o no estuvo bien? ¿La policía no trabajó como correspondía y si es así, se tomaron medidas correctivas? ¿Cuánta de la responsabilidad le cabe al fiscal interviniente y que se hará con él? Lo más importante: ¿Qué determinaciones habrán de adoptarse para que las falencias a todas luces cometidas, no vuelvan a reiterarse en el futuro? Otra pregunta: ¿ante causas de tanta magnitud, con un gran seguimiento de la propia sociedad, se deja todo librado al trabajo de un fiscal, no hay un trabajo en equipo y seguimiento de la Jefatura regional? Las preguntas son muchas más, faltan respuestas convincentes.
Otra mirada, pero para arribar al mismo punto de partida. Este periodista entrevistó al Dr. Ricardo Degoumois, abogado defensor de Bernardi. Para no ser tan contundente con el fiscal en cuestión, puso su mirada en la pésima investigación policial, encargada de colectar las pruebas. Muy cierto, pero debió coincidir también, que, a partir de este código de procedimientos, quien ordena la investigación policial es el propio fiscal. “Eso es muy cierto”, reconoció Degoumois.
La doble sensación como periodista y ciudadano. En mi tarea profesional, procuro por todos los medios, trabajar con total responsabilidad y honestidad. Debo cuestionarme entonces, dijimos -a partir de las apreciaciones de Gerosa- que estábamos en presencia de la banda delictiva mas importante, y para la justicia son inocentes. ¿Fui verdaderamente un irresponsable?, me cuestiono. Perdón “Gareca”, entonces.
La percepción como ciudadano, al igual que la de muchos de ustedes, es que son inocentes porque la investigación fue muy deficiente. Están libres, no porque haya delitos mal imputados a personas decentes, sino porque se trabajó decididamente muy mal. Tras llovido mojado, mas de tres millones de pesos en honorarios a los abogados defensores deberán ser abonados por el Ministerio Público de la Acusación, o sea por el gran pueblo santafesino.
Si alguien en la actividad privada -decía un oyente al anoticiarse de esto- comete un error por esto, debe responder económicamente por ello y es pasible de recibir la sanción correspondiente. Y acá, ¿qué pasará? Por el momento, “Gareca” y su gente caminan libres de culpa y cargo.
Nos queda en el tintero, la mecha que encendió Cristina con los planes sociales, que oportunamente abordamos ya en este espacio. Lo llamativo, en todo caso, es que ahora sea la propia Cristina la que sale a criticarlos. ¿Por qué será?
Lo dijimos en su momento. Las elecciones a intendente de Avellaneda, son las elecciones que nadie quiere. Así lo expresó Unidos por Avellaneda – UPA- comunicando que no será de la contienda, entendible. El que dijo sí, fue “Dito” González en el justicialismo. El único interrogante ahora, es saber si Dito tendrá contendientes dentro de su propio partido. De ser así, los vecinos de Avellaneda deberán ir a las urnas en agosto para las primarias y en octubre para la elección general.
Feliz semana para todos. Hasta la próxima.
