Dana Mallo, del Centro de Día Paso a Paso, y Ramiro Ramos, de Integrar, alertaron sobre la grave situación que atraviesa el sistema nacional de atención a personas con discapacidad, especialmente en lo referido a las pensiones no contributivas y los aranceles que reciben las instituciones.
“Hay un sistema diseñado para brindar servicios a las personas con discapacidad en todo el país, en educación, transporte, terapia, etc. Ese sistema se viene desfinanciando hace muchos años. Nosotros estuvimos haciendo reclamos en los gobiernos de Mauricio Macri y de Alberto Fernández. No es de Milei esto, el problema es que ahora no queda resto, por eso aparece la Ley de Emergencia en Discapacidad. Es un parche, no hay cuestiones de fondo. Por eso estamos luchando para que no sea vetada porque sino no queda nada“, afirmó Ramos.
Según detallaron, estiman que el atraso arancelario acumulado ha sido de un 100% heredado de la gestión anterior y un 30% correspondiente a 2024. Esta situación impacta directamente en el funcionamiento de las instituciones, dificultando el pago de sueldos, combustible, terapias y demás gastos operativos, tanto para entidades privadas como no gubernamentales.
“No nos alcanza, estamos haciendo todo lo posible para subsistir, pero es difícil“, expresó Mallo. “Se está retrocediendo en un derecho que por ley lo obtuvieron“.
Ambos recordaron que las instituciones se encuentran reguladas, deben cumplir con estrictos requisitos edilicios y de seguridad, y son auditadas permanentemente. Sin embargo, el valor de sus servicios es fijado por el Estado. “Ahí está el desfasaje. Son decisiones políticas las que ponen el precio”, remarcó Ramos.
También cuestionaron la obligación de tener que ratificar cada cierto tiempo la discapacidad en personas, por ejemplo, con síndrome de down. “Tiene que haber controles, pero se está tirando la cuerda y se está apunto de cortar“.
