El homicidio de Jeremías Monzón, de 15 años, ocurrido en diciembre pasado en la ciudad de Santa Fe, no sólo sigue siendo objeto de investigación judicial, sino que también generó una amplia repercusión social y política en el ámbito provincial y nacional. El caso, que involucra a al menos tres menores de edad como presuntos autores del ataque que terminó con la vida del joven, encendió un debate sobre la edad de imputabilidad y las respuestas del Estado frente a delitos de extrema violencia.
El hecho y su impacto judicial
La investigación determinó que Monzón fue apuñalado en forma planificada y con extrema violencia en un galpón abandonado, recibiendo más de 20 puñaladas durante el ataque. Una joven de 16 años fue formalmente imputada por homicidio calificado y permanece con prisión preventiva, mientras que otros dos implicados, ambos de 14 años, han sido considerados no punibles, por lo que no enfrentan un proceso penal tradicional.
Esto ha generado críticas y reclamos por parte de la familia de la víctima y de diversos sectores de la sociedad, quienes consideran que la actual normativa penal juvenil no ofrece una respuesta proporcional a la gravedad del hecho. Los familiares de Jeremías, además de reclamar justicia, expresaron su preocupación por la posibilidad de que los responsables queden en libertad sin enfrentar condenas significativas, debido precisamente a su condición de menores.
El debate sobre la edad de imputabilidad
El caso Jeremías fue tomado por algunos dirigentes políticos como argumento para impulsar cambios en la Ley Penal Juvenil. La discusión sobre la disminución de la edad de imputabilidad cobró visibilidad en el debate público, con declaraciones de figuras políticas que respaldan una revisión del régimen actual para permitir penas más severas en casos de delitos graves cometidos por menores.
El gobernador Maximiliano Pullaro sostuvo que la legislación actual está desfasada y que “los menores que cometen delitos de extrema violencia deben responder por esos hechos en función del delito cometido y no únicamente de su edad”. La senadora Patricia Bullrich adelantó que la baja de la edad de imputabilidad, actualmente es de 16 años, se debatirá en el Congreso. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem confirmó que el Gobierno busca aprobar la baja la edad de imputabilidad.
La mirada local
En el plano local, el juez federal Aldo Alurralde se sumó al debate y reiteró una postura que, según afirmó, sostiene desde hace más de 16 años a favor de bajar la edad de imputabilidad. Al referirse al marco jurídico vigente, explicó que en materia de derechos de niños y adolescentes rige el principio de autonomía progresiva y remarcó que la comprensión de la criminalidad de los actos no se adquiere de manera automática al cumplir una determinada edad.”En materia de derechos de adolescentes, se sigue el principio de autonomía progresiva. Si la edad de imputabilidad es hoy de 16 años para delitos que hoy superan los dos años de prisión y pueden ser juzgados. Cuando uno cumple 16 años, al día siguiente no empieza a comprender la criminalidad del acto.”
En ese sentido, Alurralde recordó que los adolescentes de 16 y 17 años pueden votar y acceder a decisiones relevantes sobre su identidad y su salud, como tratamientos de hormonización, cambio de sexo o de nombre. Afirmó además que la Argentina debería adecuarse a la legislación de la mayoría de los países de la región y de la Unión Europea, donde la edad de imputabilidad es más baja. “Hay que hacer una reforma. La ley actual tiene más de 30 años y la realidad actual ha cambiado.”
El magistrado fue crítico del régimen vigente y sostuvo que la normativa actual “genera impunidad” al permitir que adolescentes que, a su entender, son plenamente conscientes de sus actos se aprovechen de esa condición. “Los chicos se sienten impunes y piensan que van a cometer cualquier delito sin que les pase nada, protegidos por un régimen obsoleto.”
No obstante, aclaró que el encierro no puede ser la respuesta central del Estado frente a esta problemática. Consideró necesario avanzar en políticas públicas integrales que contemplen la reinserción social y el tratamiento terapéutico. Por otro lado, planteó la perspectiva de víctima: “¿Cómo le explicamos que este régimen penal está favoreciendo delitos contra la vida?”. Finalmente, insistió en que el debate sobre la edad de imputabilidad debe darse por fuera de cualquier discusión partidaria.
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