En las últimas semanas en las dos grandes ciudades de la provincia, Santa Fe y Rosario, comenzó a tomar fuerza el planteo de avanzar con una ley provincial que otorgue mayores herramientas a la Policía y al Estado para intervenir frente a situaciones de extorsión y cobros compulsivos vinculados a cuidacoches o ‘trapitos’.
Se trata de una problemática que atraviesa todo el largo de la provincia. En la capital provincial, el debate tiene un largo recorrido. De acuerdo a un informe publicado por El Litoral, la problemática está instalada desde hace años: primero se la reguló, luego se la prohibió y, actualmente, se busca un marco legal sólido. En mayo de 2024, el Concejo Municipal prohibió el cuidado y la limpieza de vehículos en la vía pública, habilitando la aplicación de sanciones previstas en leyes provinciales.
Tras esa decisión, el municipio capitalino avanzó con operativos conjuntos junto al Ministerio de Seguridad provincial para retirar a los cuidacoches del macrocentro, zonas gastronómicas y entornos de estadios. Si bien hubo resultados parciales, desde el Ejecutivo local reconocen que la reincidencia persiste y que las multas no logran desalentar la actividad.
En ese contexto, el secretario de Gobierno y Control Sebastián Mastropaolo planteó la necesidad de respaldo legislativo: “Hay momentos en los cuales la ordenanza no alcanza porque es una contravención“. Por eso, se solicitó formalmente el acompañamiento de la Legislatura para sancionar normas que amplíen el margen de intervención del Estado ante situaciones que exceden lo municipal.
Desde Rosario, coinciden con ese diagnóstico y diferenció entre quienes realizan la actividad de manera aislada y las estructuras organizadas. Según informó Aire de Santa Fe, el intendente rosarino Pablo Javkin respaldó públicamente la iniciativa y consideró que las ordenanzas municipales resultan insuficientes. “La extorsión es un delito que merece tratamiento“, sostuvo, y remarcó la necesidad de contar con herramientas de alcance provincial para actuar sobre organizaciones que montan sistemas de cobro en eventos deportivos y culturales de gran concurrencia.
Además, Diario Uno de Santa Fe habló con la diputada Ximena García, presidenta de la Comisión de Seguridad de la cámara, quien afirmó que ya se está tratando el tema y habló sobre las sanciones que se desean: “Queremos que se incorporen sanciones concretas: multas, trabajo comunitario y arrestos con agravantes para los casos de violencia e intimidación“.
Como dijimos, se trata de una problemática de toda la provincia, y la ciudad de Reconquista no es ajena. En octubre de 2025, publicábamos en este sitio el relato de una vecina: “Si no les das plata, te rayan el auto”. Ver nota completa.
