En los tribunales de Reconquista se realizó una audiencia para Jésica Lucia Fernández, pedida por su abogado defensor, a raíz que tiene un hijo a su cargo. Los doctores Ricardo Degumois y Ricardo Rubén Degumois abogados defensores de la encausada, pidieron prisión domiciliaria con la utilización de una tobillera electrónica. Remarcando que su defendida tiene un domicilio, Rivadavia al 52, y percibe un subsidio por desempleo y le quedaron tres meses por cobrar todavía. La defensa ofreció como guardadora a su hermana Romina Felicita Fernández, que vive en barrio Cien viviendas, Manzana E Casa 10.
La fiscal y la titular de Adolescencia, Minoridad y Familia, Dra. Cintia Pellegrini, se opusieron al pedido del abogado defensor. Entre otras cosas, entendían que el interés superior del niño no está garantizado porque conviva con su madre. También le expresaron que el menor, de acuerdo a los datos que obtuvieron desde junio de este año, no concurría a un establecimiento escolar, dado que en junio lo dieron de baja. El juez dispuso una prisión domiciliaria. Va a permanecer en preventiva hasta que llegue la pulsera electrónica.
Habló la fiscal del caso
«Nuestra ley de ejecución penal, como también el código penal, establece la posibilidad de la prisión domiciliaria para ciertos casos, entre ellos, madres que tengan a su cargo menor de 5 años», explicó la fiscal de la cuasa. «En este caso, si bien el menor tiene 6 años, no sea el requisito objetivo, jurisprudencialmente se entiende que en aquellos casos donde sea conveniente y sea a los fines del interés superior del niño, y como en este caso no hay otro referente familiar que se pueda hacer cargo del mismo, y el mismo está institucionalizado, se puede analizar y se puede otorgar este beneficio», agregó Díaz.
Argumentó su oposición expresando que entendían que el interés superior del niño no está más garantizado porque conviva con su madre, «que no es solamente una cuestión de acreditar un dato cronológico, como en la minoridad y una maternidad, para que esto se conceda automáticamente, sino que hay que tener en cuenta la conveniencia», afirmó.
En este caso pudimos acreditar y se lo manifestamos a su señoría un niño que no concurre al establecimiento educativo desde junio de este año, donde no ha sido escolarizado en otra institución.
«La institución a la que acudía nos ha informado que junio se le ha dado debajo del sistema. Un niño que, de acuerdo a la Secretaria de Niñez, ha manifestado no cumplimenta con los controles médicos. Un niño que, al momento de la detención, no tenía ningún familiar, ningún vínculo o núcleo de contención y quedó en resguardo de una vecina, vecina que manifestó no podía continuar con esa responsabilidad», lamentó la Dra. Díaz.
«No creo, y así se lo manifesté a su señoría, que la respuesta o el interés del niño esté resguardado por la libertad de su madre, que entiendo también, Secretaría de Niñez va a tomar la decisión de si proceden a la revinculación o no. Es una cuestión que capa de la competencia de esta fiscal, pero entiendo que no se daban, más allá del requisito objetivo de edad que no se daba, tampoco se daban los demás elementos a considerar que acrediten o permitan acreditar de que esa era la solución en pos del beneficio de ese niño», disparó la representante del MPA.
La fiscal Díaz no descartó apelar la medida del magistrado, agregando que lo que respecta a la prisión domiciliaria de la acusada va a quedar supeditado al otorgamiento y la colocación de la tobillera electrónica, «ella ofreció un domicilio, que es el de calle Rivadavia 54 de Reconquista, su hermana, que sería la guardadora, vive en otro barrio de esta ciudad», reprochó.
«Entonces, nosotros vamos a realizar todas las medidas tendientes a verificar quién se domicilia en ese lugar y si realmente existe consentimiento para el alojamiento de la imputada en ese lugar. Su señoría tomó la decisión sin tener esa información y Fiscalía tampoco la tenía», aseveró.
