Profundizando en los primeros meses post reforma de la Constitución provincial del 2025, el ex legislador Oscar “Cachi” Martínez habló en Vía Libre y sostuvo que el verdadero desafío comienza ahora: plasmar en leyes concretas los principios aprobados, especialmente en lo que respecta a la autonomía de municipios y comunas.
Presente en nuestro norte santafesino por el justicialismo del departamento General Obligado, Martínez analizó el escenario que se abre en Santa Fe y fue contundente: “La autonomía municipal sin recursos es un cheque en blanco, pero sin fondos”.
AUTONOMÍA Y FEDERALISMO: EL EJE DEL DEBATE
Martínez explicó que la nueva Constitución otorga a los municipios autonomía política, institucional, administrativa, financiera y económica. Sin embargo, advirtió que estas potestades deben ir acompañadas de recursos suficientes para que el federalismo sea real y no meramente declamativo.
“Santa Fe tiene un gobierno provincial rico y municipios pobres”, afirmó. Y detalló que, en la distribución general de los recursos del Estado en todos sus niveles, el 54% queda en manos del gobierno nacional, el 39% en la provincia y apenas el 7% en los gobiernos locales.
“Con ese 7%, el intendente tiene que resolver calles, desagües, residuos, iluminación, y además asumir competencias concurrentes como seguridad, salud, deporte o políticas productivas”, señaló.
COPARTICIPACIÓN: DESIGUALDADES HISTÓRICAS
El ex diputado cuestionó el actual sistema de coparticipación municipal, vigente desde 1975. Según indicó, Santa Fe distribuye porcentajes inferiores en comparación con otras provincias como Córdoba o Buenos Aires.
Además, sostuvo que el esquema actual profundiza desigualdades: el criterio de distribución se basa en cantidad de habitantes y presupuesto previo, lo que —según explicó— termina beneficiando a municipios con mayor desarrollo económico en detrimento de los más humildes, particularmente del norte provincial.
“No existe un criterio claro vinculado a indicadores sociales como pobreza o indigencia. Eso debe discutirse”, planteó.
También mencionó inequidades en relación a los servicios públicos: en localidades donde el municipio presta agua, cloacas o energía, la provincia no realiza aportes equivalentes a los que sí hace cuando esos servicios están bajo órbita provincial.
CARTAS ORGÁNICAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La nueva Constitución establece que los municipios con más de 10 mil habitantes podrán dictar su propia carta orgánica, mientras que los más pequeños se regirán por la Ley Orgánica de Municipalidades.
Para Martínez, este punto abre un debate clave: “La carta orgánica es como una mini constitución. Allí se definirá el sistema de representación, la cantidad de concejales, los mecanismos de participación ciudadana y la estructura administrativa”.
Sin embargo, cuestionó que el proyecto enviado por el Ejecutivo provincial “encorseta” a los municipios y limita su capacidad de innovación institucional.
GASTO PÚBLICO Y EQUILIBRIO DE PODERES
Otro de los puntos señalados fue la regulación del gasto político. Si bien coincidió en la necesidad de fijar límites, cuestionó el tratamiento diferenciado entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo municipal.
Propuso, por ejemplo, establecer un tope porcentual del presupuesto destinado al Concejo Municipal, similar al 3% que rige para la Legislatura provincial, y también fijar límites claros al Ejecutivo.
Asimismo, remarcó la importancia de garantizar una verdadera división de poderes en el ámbito local.
“QUE NO SEA UNA LEY DE POLÍTICOS, SINO DE LA COMUNIDAD”
Martínez insistió en que el debate no debe quedar reducido a la dirigencia política. “La autonomía municipal y las cartas orgánicas no pueden ser una cuestión de burocracia o del gobierno de turno. Tienen que ser producto de las instituciones y de los vecinos”, expresó.
Y concluyó con una convocatoria directa a la ciudadanía: “Si queremos municipios fuertes, con capacidad real de gobernarse y de garantizar equidad territorial, es fundamental que la gente se informe, participe y se involucre en la discusión”.
