Por Dr. Gert-Jan Mulder – Exdirector de Rabobank Argentina
Desde lejos, con profundo pesar, sigo los hechos recientes en torno al caso Vicentin y, en
particular, la detención preventiva de mi amigo personal desde hace mas de 35 anos,
Roberto Gazze. Conozco a Roberto como un hombre integro, dedicado y trabajador.
Durante muchos anos colaboramos desde el sector financiero, y fui testigo del crecimiento
extraordinario de Vicentin: de una empresa con ingresos por 300 millones de dólares a una agroindustria de mas de 4.000 millones.
Vicentin fue, durante casi un siglo, una muestra ejemplar del espíritu emprendedor
argentino. En un país marcado por inestabilidad política, inflación crónica y crisis
recurrentes, la familia Vicentin logro posicionarse como líder en la industrialización de soja, compitiendo de tu a tu con las mayores multinacionales del mundo. Su éxito se construyo con visión, esfuerzo, y también con financiamiento responsable de bancos de primer nivel como el IFC, Rabobank y otras entidades locales e internacionales.
Ahora, ese legado empresarial se encuentra en entredicho, y si bien no me corresponde
afirmar inocencia ni culpabilidad -eso le incumbe a la Justicia-, si me preocupa
profundamente el procedimiento aplicado. La detención preventiva por 120 días de Gazze y otros tres ex directivos despierta dudas legitimas sobre la equidad del proceso.
Los abogados defensores recibieron la acusación a las tres de la madrugada, horas antes
de la audiencia. Como puede garantizarse el derecho básico a una defensa efectiva bajo
esas condiciones? Que mensaje se transmite cuando se convierte una audiencia judicial en
un espectáculo mediático? Y como interpretar que se recurra a la prisión preventiva como
primera medida, sin una condena, sin juicio previo, sin que siquiera se haya demostrado
dolo?
La Justicia debe ser implacable con el delito, pero también cuidadosa con el honor. En el
caso de Vicentin, se habla de desvío de fondos, pero también de esfuerzos genuinos por
ofrecer alternativas a los acreedores, preservar los activos productivos y mantener en pie
una empresa que, hasta hace poco, daba empleo directo a miles de personas. Esas
acciones merecen ser analizadas con objetividad y conocimiento de causa.
Como banquero con décadas de experiencia en Argentina, me alarma ver como una causa
de alta complejidad económico-financiera se trata con herramientas propias de un proceso
penal tradicional. La diferencia entre fraude y fracaso empresarial no siempre es clara, y el
riesgo de criminalizar la gestión es tan real como peligroso. Las crisis no se resuelven
buscando culpables a cualquier costo, sino construyendo confianza, reglas claras y
procedimientos justos.
Presidente Milei, a quien apoyo en su búsqueda de libertad económica y orden institucional: que esta causa no se convierta en un símbolo de injusticia. La Argentina necesita seguridad jurídica, si, pero también respeto por la presunción de inocencia y el debido proceso. Solo así podrá volver a atraer inversiones, talento y futuro. Roberto Gazze merece ser escuchado, no condenado por anticipado. Hace clic para leer el comunicado completo
