El caso se remonta a noviembre 2016, cuando las oficinas de RTC fueron violentadas, robándose más de $600.000, lo que hoy equivaldría a más de $50 millones. La investigación inicial de la PDI llevó a la detención de dos empleados de la empresa, allanamientos en sus domicilios y el secuestro de vehículos y dinero. El fiscal Alejandro Rodríguez presentó cargos formales, solicitando penas de prisión efectiva, argumentando tener pruebas contundentes para sustentar la acusación.
Sin embargo, la audiencia celebrada el pasado jueves 26 de diciembre bajo la conducción del juez Dr. Gonzalo Eduardo Basualdo terminó con resolución: la causa fue declarada prescripta debido al paso del tiempo y la falta de avances significativos. El fiscal interviniente en la audiencia, Dr. Juan Sebastián Marichal, explicó que la acusación se había presentado en septiembre de 2018 y nunca llegó a concretarse una salida alternativa, lo que contribuyó a la dilación.
Señalan que la prescripción generó interrogantes: ¿fue un error procesal que dejó libres a los responsables, o se acusó sin fundamento a los imputados?
Exponen que la controversia aumenta al considerar que el fiscal Rodríguez, quien había dejado que el caso prescribiera, estuvo de turno los días previos y solicitó licencia por motivos de salud mental tras los hechos.
