La diputada provincial Lic. María del Rosario Mancini presentó un Proyecto de Comunicación que sostiene: La Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud o el organismo que corresponde, gestione ante la Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INDIS) la extensión de los plazos para la realización de las auditorías establecidas por la Resolución 187/2025, actualmente derogada por la Resolución 1172/2025.
En la fundamentación la legisladora norteña sostuvo que el presente proyecto tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud o el organismo correspondiente, que gestione ante la Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INDIS) la extensión de los plazos para la
realización de las auditorías contempladas inicialmente en la Resolución 187/2025, derogada por la Resolución 1172/2025.
Fundamentación
La implementación de dichas auditorías, establecidas originalmente por la Resolución
187 del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INDIS) y
modificadas posteriormente por la Resolución 1172, ha generado múltiples desafíos logísticos y operativos para las personas convocadas, especialmente en la provincia de Santa Fe. Estas dificultades afectan negativamente la capacidad de los ciudadanos para cumplir con los plazos estipulados, repercutiendo en la calidad y el acceso a los procesos de auditoría. La dispersión territorial de la provincia de Santa Fe representa un desafío importante para el traslado de las personas convocadas hacia los centros de auditoría.
En particular, en la región norte, las personas con discapacidad convocada debían recorrer más de 100 kilómetros para ser evaluadas. Por ejemplo, en el Departamento General Obligado, los vecinos de localidades como Florencia, Las Toscas y El Rabón, entre otras, estaban comprometidos a trasladarse hasta la ciudad de Reconquista, al igual que habitantes de otras localidades aún más distantes.
Además, la falta de canales de comunicación claros y accesibles, así como la ausencia
de mecanismos eficientes para la gestión de turnos y consultas, genera incertidumbre y
desinformación. Esta situación afecta la organización personal de los convocados y provoca demoras que dificultan el cumplimiento de los plazos establecidos.
El objetivo fundamental de estas auditorías es garantizar la correcta asignación y
seguimiento de los beneficios y servicios destinados a personas con discapacidad.
Sin embargo, la implementación ha evidenciado serias dificultades en nuestra provincia, que impactan directamente en las personas convocadas y sus familias. Muchas de estas personas residen en zonas rurales o alejadas de los centros urbanos donde se realizan las auditorías, y la falta de transporte adecuado constituye una barrera significativa para cumplir con los plazos establecidos. Asimismo, la población convocada presenta diversas condiciones de salud que dificultan la movilidad y la asistencia presencial en fechas estrictas, situación que se agrava en casos de discapacidades severas o comorbilidades que requieren cuidados especiales.
Por todo lo expuesto, resulta imprescindible que se considere la extensión de los
plazos originalmente establecidos para la realización de estas auditorías. Esta medida
permitirá garantizar un proceso más inclusivo y accesible, respetando las particularidades y necesidades de las personas convocadas, facilitando la correcta verificación y actualización de datos, mejorando la calidad y precisión de las auditorías y así se evitará la exclusión o pérdida de beneficios de personas que, por razones ajenas a su voluntad, no podrán cumplir con los plazos actuales.
Por lo tanto, y con el fin de asegurar un proceso justo, accesible y respetuoso de las condiciones particulares de las personas con discapacidad en nuestra provincia, solicito el acompañamiento de mis pares.
