La causa Vicentin no es un tema de estos días, tiene ya 5 años de marchas y contra marchas y más de 90 años de historia, sí casi un siglo en su haber. Lo que está cada vez más claro es que el final se acerca, está irremediablemente cada vez más cerca, aunque algunos distraídos quieran hacer como el avestruz y mirar para otro lado.
Desde esta columna, este editorialista señaló en más de una oportunidad que la droga nos pega a todos, se consuma o no, porque cualquiera puede terminar siendo víctima de este flagelo y perder la vida por unos pocos pesos al ser objeto de un robo, no para comer, sino para comprar merca y seguir drogándose. La situación de esta empresa, en más o en menos, es exactamente lo mismo. No es necesario ser dueño de ella, operario, proveedor o acreedor, para dimensionar la importancia que tuvo (con dolor conjugo ya en tiempo pasado) y que no será nada fácil de sustituir, especialmente en nuestra zona donde las adversidades climáticas, territoriales y de infraestructura nos colocan en una clara desventaja con otras regiones productivas de la provincia y del país. Debemos valorar a nuestros empresarios que invierten acá, no por algo los que vinieron se fueron. Esta realidad penosa nos pega y debe doler a todos.
Pretendo siempre ser muy frontal y claro desde la posición que escribo cada columna. Soy un confeso respetuoso del valor de las leyes y la aplicación que de ellas deriva, servicio de justicia. Es necesario despojar la paja del trigo. Esto significa que no es lo mismo empresa que empresarios. Van por canales diametralmente diferentes. La suerte de la empresa se define en la justicia civil y comercial. La conducta de sus directivos se dirime en el fuero penal.
Un perverso antecedente de inseguridad jurídica. Las vacilaciones, marchas y contra marchas del juez del concurso; y luego las determinaciones aviesas de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia acabarán de lograr lo que Alberto Fernández no pudo a través de la expropiación de la empresa. No será ya una expropiación, sino una apropiación indebida y judicialmente repudiable.
La Ley de Concursos y Quiebras tiene un propósito inequívoco. Es preservar el funcionamiento de la empresa, que es el bien tutelar, es decir, la forma de resguardar el bien social y económico que representa. Para ello, obviamente, establece que no sea lo que se llama un concurso armado, que puede resultar en una estafa. Lo que se exige para evitarla es que la propuesta concursal cuenta con determinado número de acreedores y del capital del concurso.
Reunidas ambas mayorías que la Ley exige, donde los acreedores aceptan la propuesta concursal, la justicia termina procediendo a su aprobación. Eso es lo que sucede en la casi totalidad de los concursos. Vicentin es la excepción.
Lorenzini y los jueces cortesanos deberían saber que en Argentina, un país realmente imprevisible, caer en una cesación de pagos es una posibilidad más que concreta. No todas las empresas son siempre superavitarias. Claro, para quienes reciben suculentos sueldos mensuales, seguros y en cómodas poltronas, es comprensible que les cueste entenderlo. Acaso, hoy día, no hay empresas que operan a pérdida, por cuanto parar les resulta más perjudicial.
El tiempo es implacable. Los jueces lo saben perfectamente y así actúan. El principal adversario para la continuidad de la empresa es el tiempo y ese bien tan preciado lo administra sin ruborizarse Rafael Gutiérrez (Juez de la Corte) y su compañía. Primero, en un artilugio legal casi sin precedentes, apeló a la figura del avocamiento y mandó al freezer el expediente del concurso por 8 meses. Luego, cuando la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista aprobó la homologación de la propuesta concursal, apareció otra vez la Corte. ¿Para qué? ¿Por qué? Para hacer lugar a un pedido de inconstitucionalidad de la resolución de la cámara. Otra medida judicial sin mayores antecedentes, este tipo de reclamos casi sistemáticamente es desestimado. No fue este el caso, es la excepción.
El voluminoso expediente es girado ahora a la cámara de Rafaela, pero los jueces de la corte se encargaron de marcarle bien la cancha y decirle prácticamente lo que deben decir y hacer lo que en la justicia se llama: “el dedo en el gatillo”.
Una empresa en terapia final. Este periodista si algo no es y mucho menos le gusta ser es extremista pero que Vicentin está en coma inducido ya no hay dudas, porque no hay tiempo para mucho más. Solo un milagro puede salvar tantos desatinos judiciales. El milagro al que se apeló fue el recurso interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Será que podrá comenzar a desenmascararse esta historia tan repleta de atajos judiciales?
Escuché decir que el error de los directivos fue oponerse tenazmente a la expropiación del Fernández. Hubieran hecho como Aerolíneas e YPF y terminarían con juicios millonarios a su favor. No fue este el caso, es más, si el concurso fuera hoy homologado, Vicentin se quedaría con el 5% de la empresa de un valor insignificante.
La historia del perder-perder. Y como cambia todo, del circulo virtuoso del ganar-ganar al perdemos todos. Vicentin financió gran parte de la línea que llevó la energía de Reconquista a Avellaneda. Cuando la Cooperativa de Servicios Públicos asumió la feliz determinación de montar una estación transformadora propia, para no depender ya de Reconquista, la empresa se comprometió a adelantar de ser necesario (no lo fue en realidad) hasta el importe de 5 o facturas. Hoy debe 2, debe abril que está por vencer y Lorenzini le ordena a la cooperativa no cortar el suministro por 60 días hábiles judiciales más, o sea, otros 3 meses que en plata son casi 200 millones de pesos.
Una cuenta final. El complejo fabril inyecta el 9% del dinero circulante en la zona; por lo tanto, se trabaje o no allí, todos seremos un 9% más pobre, gracias a Lorenzini y especialmente a los miembros de la corte que siguen guardando un ominoso silencio de radio. Razones de peso seguramente tendrán.
Les deseo una muy buena semana.
Lic. José Carlos Odasso
