El reciente acuerdo salarial para las trabajadoras de casas particulares generó malestar entre los gremios del sector, quienes consideran que el incremento no refleja la realidad inflacionaria del país. Según informó en Vía Libre Carlos Bracesco, representante sindical en la comisión que negocia estos aumentos UPA – Unión Personal de Casas Particulares-, el incremento será del 1.3% en diciembre y del 1.2% en enero, tomando como base los valores de octubre y diciembre, respectivamente.
Estos aumentos, que en total suman un 2.5%, deben reflejarse en los salarios de febrero. Además, el ajuste de diciembre tiene carácter retroactivo, por lo que las empleadoras deberán abonar la diferencia correspondiente, incluyendo su impacto en aguinaldo y vacaciones.
A pesar del acuerdo, desde el sector sindical se manifestaron críticos respecto al bajo porcentaje concedido, ya que no logra equiparar la inflación de los últimos meses. Bracesco señaló que, según sus cálculos, los sueldos de las trabajadoras están desfasados entre un 25 y un 30% en comparación con el aumento del costo de vida.
La negociación, que tuvo lugar en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, contó con la participación de tres sectores: los representantes de las trabajadoras, la parte empleadora y el gobierno. Sin embargo, al estar en minoría, Brasesco comentó el sector sindical no logró imponer sus reclamos y se vió obligado a aceptar la pauta establecida por el Ejecutivo.
Según el propio entrevistado, el argumento oficial para fijar aumentos tan bajos es el impacto que podría tener sobre la inflación. Sin embargo, desde el gremio rechazan esta justificación, considerando que los montos en juego no tienen un peso significativo en la economía general. “Un incremento del 1% equivale a aproximadamente 3000 pesos, lo que representa apenas el valor de un kilo de pan”, destacó.
El próximo encuentro de la comisión podría darse en febrero para definir los aumentos de los meses siguientes. No obstante, debido a la demora que caracterizó a la última negociación, los gremios mantienen un manto de dudas sobre el cumplimiento de este plazo.
