Durante la reunión convocada por el juez Fabián Lorenzini en la mañana del jueves en Reconquista, el director independiente de Vicentin, Estanislao Bougain, ofreció un detallado informe sobre la grave situación que atraviesa la empresa y los motivos que llevaron al cierre de sus plantas de Avellaneda y Ricardone.
Bougain comenzó señalando que las plantas, para mantenerse operativas entre marzo y diciembre, requieren entre 3 y 4 millones de toneladas de granos por año, especialmente soja. Sin embargo, a inicios de abril no habían logrado cerrar ningún contrato para procesar este cultivo, lo cual encendió las alarmas: sin esos contratos, no podrían afrontar las deudas comerciales ni abonar los sueldos del personal.
“Sabíamos que no íbamos a poder pagar los sueldos de marzo”, reconoció Bougain. A esa incertidumbre se sumaron notificaciones concretas de posibles cortes de gas y electricidad. Si bien esos servicios no llegaron a interrumpirse, la amenaza era real y los equipos técnicos de la empresa advirtieron que no se podía correr el riesgo de una parada abrupta. “Las plantas no pueden quedar cargadas porque existen riesgos químicos de gran importancia”, explicó. Por eso, se resolvió anticipar la decisión para garantizar una “parada segura”.
La resolución fue tomada por un comité de crisis conformado tras la detención de tres integrantes del directorio. En esa reunión participaron los miembros actuales de la empresa, los responsables de las distintas áreas, el veedor judicial y la sindicatura. Bougain aclaró que “la decisión fue tomada en comité”, desmintiendo que haya sido responsabilidad de un gerente específico, como se señaló en panfletos.
El contexto que motivó la interrupción de actividades no es nuevo. Bougain recordó que desde agosto de 2024, tanto la empresa como los interventores judiciales y síndicos venían advirtiendo que la caja de Vicentin solo alcanzaría hasta marzo de 2025. El director independiente afirmó que esas previsiones se cumplieron y que, a pesar de los esfuerzos por mantener los contratos de fasón, la revocación de la homologación del acuerdo con los acreedores, resuelta por la Corte Suprema de Santa Fe, provocó un “inmediato retraimiento” de las empresas que enviaban materia prima.
“La situación del viernes 4 era crítica”, dijo, y argumentó que si no se tomaba la decisión en ese momento, el lunes siguiente hubiera sido aún más riesgoso operar sin garantías energéticas ni fuerza laboral, ya que al no pagarse los sueldos, los trabajadores se retiraron de sus tareas. Incluso quedó sin cargarse un barco de la Unión Agrícola de Avellaneda, previsto para el fin de semana, por falta de operarios y condiciones climáticas desfavorables.
En cuanto al presente, Bougain relató que se suspendieron todos los pagos a asesores, servicios y proveedores, y que desde fines de marzo solo se destinaron fondos a salarios y cuestiones imprescindibles para la seguridad. También explicó que se hicieron múltiples intentos para convocar a nuevas mesas de diálogo con potenciales socios, incluida la empresa Commodities SA, la principal contradictora del plan de reestructuración original, pero no se lograron nuevas propuestas concretas.
El panorama actual, planteó, tiene dos posibles caminos. Si la Corte Suprema provincial habilita el recurso extraordinario ante la Corte nacional, se podría suspender el proceso de cramdown y reactivar las conversaciones con los socios estratégicos. En ese caso, “las plantas están preparadas para arrancar en corto plazo, luego de un mantenimiento”, sostuvo. Pero si el recurso es rechazado, Vicentin deberá decidir si presenta una queja ante la Corte Suprema de la Nación o si desiste de esa vía y avanza en el cramdown. “Ese camino nos mete en un callejón que no sabemos a dónde conduce”, dijo sobre la posibilidad de ceder la empresa a terceros.
Bougain también cuestionó que, pese al apoyo logrado en 2022 con una propuesta de reestructuración avalada por importantes grupos económicos, entre ellos dos multinacionales y una cooperativa nacional, la justicia no haya convalidado el acuerdo: “Es increíble que hayamos llegado a esta situación cuando la sociedad terminó la reestructuración hace tres años”, lamentó.
La exposición cerró con una apelación directa a la urgencia de encontrar una definición judicial: “Lo único que se necesita es una definición final, y es la que no podemos alcanzar desde hace tres años”.
