Se cumplieron 5 años que Vicentin anunció aquel “stress financiero”, que en 2 meses después -20 de febrero de 2020- desembocó en la solicitud del concurso preventivo de acreedores. En pocas semanas más, habrán de cumplirse también 5 años del inicio de ese proceso. Más de 2000 acreedores verificaron sus deudas hasta el 25 de agosto de 2020.
Cuando el juez natural de la causa sustanciaba el proceso concursal, la Corte Suprema de la Provincia apeló a la figura del abocamiento para requerir la totalidad del expediente. Recién 8 meses después, lo devolvió al juzgado del Dr. Fabian Lorenzini. Se trató de una inusual excepcionalidad con casi ningún antecedente.
Corresponde recordar también que en setiembre de 2023, el juez rechazó la propuesta concursal, que incluía a tres socios estratégicos: ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas), Bunge y Viterra. Ordenó el inicio del proceso de cram down que fue apelado por la empresa ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la IV Circunscripción Judicial. El tribunal de alzada dio lugar a la apelación y procedió a aceptar la propuesta concursal. El expediente regresó al juzgado del Dr. Fabian Lorenzini.
Cuando todo se encaminaba a que los socios estratégicos se hicieran cargo de la empresa, luego de cumplimentar la concursada con todos los requisitos requeridos por el magistrado, la Corte volvió a meter la cola. Procedió a aceptar un recurso de inconstitucionalidad planteado por el Grupo Grassi y la situación se complejizó nueva y absolutamente. No existe casi ningún antecedente por el cual el máximo tribunal interviene dos veces en un proceso concursal, primero a través del abocamiento y ahora al hacer lugar a este recurso planteado por el grupo empresario del sur. No es habitual que la corte se aboque a temas a los que expresamente no tiene obligación de hacerlo.
El tiempo es un enemigo implacable. La Corte Suprema, por lo expresado, se interpuso como un escollo fundamental en el desarrollo del concurso. Los cortesanos, con Rafael Gutiérrez a la cabeza, lo saben perfectamente, con la excepción de la doctora María Angélica Gastaldi, que firmó en discordancia un dictamen por el que se opuso a la aceptación del recurso. Es como decir “te estoy apuntando, tengo el dedo en el gatillo, si quiero disparo”.
El procurador general de la Corte, Dr. Jorge Barraguirre al momento de brindar su dictamen fue categórico y luego lo explicó también en Vía Libre. “El expediente ingresó el 4 de noviembre y para el 18 del mismo mes ya estaba a disposición de los ministros de la corte”. Con respecto a la sentencia de cámara, dijo: “tocó todos los aspectos que debía tocar y trató razonablemente los puntos necesarios”. Reclamó “guías claras de parte de la Corte Suprema”.
La empresa concursada viene manifestando que la falta de definiciones sobre el devenir de los acontecimientos los deja sin fondos de caja disponibles para afrontar diversos compromisos de pago que son ineludibles. El principal de ellos es indiscutiblemente el pago a su personal. Ante la imposibilidad de poder cumplir con esta obligación, solicitaron un Proceso Preventivo de Crisis ante el gobierno nacional. Esto significa en la práctica la reducción de las jornadas de trabajo que impactarán directamente en el bolsillo de los trabajadores. Todos dicen -y debemos de coincidir- que el bien más preciado a proteger son las fuentes de empleo, incluido Rafael Gutiérrez. Ahora que “no hay plata” al decir de Javier Milei, saldrá el presidente de la corte a pagar los haberes de los trabajadores. Estamos en las puertas, por múltiples razones, de un conflicto laboral y social que pudo haberse evitado. El gremio no aceptará, como ya lo adelantó, la reducción de las jornadas de trabajo y es entendible.
¿Y entonces, cuál es la solución? Parece que la respuesta la tiene el propio Gutiérrez, donde en algunas expresiones periodísticas, adelantó que ya tiene su voto y que está encaminado a dar respuestas al problema laboral y a la tranquilidad social de la región. Es de desear que así sea, aunque los interrogantes superan ampliamente a las certezas.
El norte está en peligro. El complejo industrial Vicentin, pese al concurso, brinda trabajo directo a más de 1000 familias. Hasta ahora allí todavía las consecuencias del proceso concursal pasaron prácticamente inadvertidas, pero ese tiempo inexorablemente se está agotando.
Al concurso original de Vicentin SAIC se le sumó en este último tiempo la apertura también de la misma medida para Algodonera Avellaneda. Los intereses empresarios y los compromisos en cuanto a garantías están estrechamente vinculados, por lo que la suerte de uno puede serlo también del otro emprendimiento fabril.
Se trata de un complejo industrial, esto significa que las unidades productivas guardan estrecha vinculación entre sí, por cuanto en varios casos lo que uno produce sirve de insumo al otro eslabón productivo.
Si le sumamos a los emprendimientos productivos de Vicentin en este nodo norte los empleados de la algodonera, el número de familias afectadas supera las 1500 y puede llegar fácilmente a las 1600. Por cada empleo directo, se estima que hay 2 empleos anexos, por lo que el cuadro laboral y social se torna mucho más complejo todavía.
La realidad es que el grupo Grassi preferentemente y también los socios estratégicos del concurso -ACA, Bunge y Viterra- están interesados especialmente en las instalaciones existentes en el sur provincial, donde está la casi totalidad del activo más preciado de la empresa. Saben perfectamente que producir en esta zona es mucho más complejo y así lo muestra la realidad. Los empresarios foráneos al cabo a más tardar de 10 años se fueron del norte, las dos algodoneras emplazadas en el parque industrial de Reconquista así lo muestran, Eduardo Eurnekian (el polifacético empresario) incluido.
Se imponen decisiones. Las fuerzas gubernamentales, los representantes legislativos, los empresarios de la zona y referentes de los trabajadores deben coincidir en una agenda urgente de trabajo y en un plan de acción a seguir. El futuro productivo y laboral es muy incierto y las consecuencias sociales insospechadas. ¿Qué se puede hacer? Lo único que no está permitido es no hacer nada. Luego será tarde para lamentos. No importa acá la suerte de los empresarios concursados, que en el mejor de los casos, se quedarían con un 5% de lo que quede; es decir, casi migajas. Lo que importa es preservar, como hasta el presente, el funcionamiento de las unidades productivas. Después será tarde para lamentos, cada día que pasa es un día menos para asegurar este nodo norte. ¿Será que la historia se repetirá, el norte volverá a ser postergado y olvidado una vez más? Es de desear que estemos a tiempo.
Brindemos porque así sea y podamos celebrar por un 2025 de más trabajo y producción.
Les deseo un feliz año.
Lic. José Carlos Odasso
