El Gobierno de la provincia de Santa Fe decidió recusar a cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia provincial en el marco de los reclamos judiciales vinculados a la reforma previsional aprobada en 2024. Así lo confirmó el secretario de Seguridad Social de la provincia, Jorge Boasso, durante una entrevista en nuestro programa radial este lunes.
Según explicó el funcionario, la decisión se tomó porque consideran que algunos miembros del máximo tribunal podrían verse alcanzados por la propia reforma, lo que pondría en discusión el principio de imparcialidad.
Los jueces recusados son: Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco, Eduardo Spuler y Rubén Weder.
En ese sentido, Boasso defendió la modificación del sistema previsional impulsada por el gobierno provincial.
“La provincia encaró una imprescindible reforma previsional porque era la única forma de salvar el sistema del régimen provincial, es decir, salvar la caja, ya que el déficit realmente era impresionante”, afirmó.
El funcionario detalló que el rojo previsional era muy elevado y que la reforma permitió reducirlo de manera significativa.
“En 2025 el déficit fue de 311.000 millones de pesos y si no se hubiese hecho la reforma estaríamos en 650.000 millones. Gracias a la reforma que encaró el gobernador Pullaro con una decisión política, se redujo prácticamente a la mitad”, sostuvo.
Además, remarcó que el objetivo fue mantener el sistema jubilatorio en manos de la provincia, evitando su transferencia a la Nación.
“Había dos opciones: o se transfería la caja al sistema nacional, como hicieron 11 provincias en los años del menemismo, o se reformulaba el sistema para seguir defendiendo la Caja dentro de la provincia”, explicó.
Reclamos judiciales y recusación
Boasso indicó que algunos jubilados del Poder Judicial y del ámbito legislativo presentaron amparos contra distintos puntos de la reforma.
“Tenemos jubilados del Poder Judicial y algunos del Legislativo que interpusieron amparos para que no se les aplique el nuevo tope jubilatorio, que hoy es de 20 haberes mínimos y alcanza casi los 11 millones de pesos”, señaló.
También hubo presentaciones judiciales contra el aporte solidario y extraordinario, aplicado a jubilaciones más altas durante un período determinado.
“Era un aporte solidario y transitorio que comenzaba con un 2% para quienes superaban 1.650.000 pesos y llegaba al 6% para jubilaciones superiores a los 7 millones”, precisó.
Muchos de esos planteos llegaron a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que deberá resolver sobre la constitucionalidad de la reforma.
Frente a ese escenario, el gobierno provincial decidió avanzar con la recusación de parte de sus integrantes.
“La Corte está compuesta por siete miembros, pero cuatro de ellos tienen una situación directa vinculada a la jubilación. Aquí está en juego el principio de imparcialidad, porque uno no puede ser juez y parte en una causa que puede afectarlo personalmente”, afirmó Boasso.
El funcionario explicó que según cómo se resuelvan los fallos, la reforma podría impactar directamente en los propios magistrados.
“Según cómo fallen, a ellos también les alcanzaría la norma de la reforma previsional, por ejemplo con el tope jubilatorio cercano a los 11 millones de pesos”, indicó.
Por último, Boasso señaló que la provincia ya presentó los recursos correspondientes para que se revise la recusación.
“La fiscalía que representa a la provincia presentó un recurso de revocatoria y apelación para que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que falle en definitiva sobre la recusación de cuatro de los siete miembros”, concluyó.
