La semana recientemente finalizada tuvo como eje central el proyecto de Ley que el Gobierno denomina pomposamente, “Modernización Laboral”. En realidad, no se trata de un tema nuevo. Desde el retorno de la democracia se han intentado distintas modificaciones al régimen laboral vigente.
A poco de asumir, el presidente Raúl Alfonsín impulsó una reforma conocida como la “Ley Mucci”, en alusión a su entonces ministro de Trabajo. La iniciativa fracasó y el funcionario terminó renunciando inmediatamente. Más cerca en el tiempo, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, el intento de reforma concluyó en un escándalo atravesado por las denuncias del llamado “caso Banelco”, que derivó en la renuncia del vicepresidente Carlos Álvarez.
¿Dónde estamos hoy? El Gobierno logró la aprobación del proyecto en el Senado, con el acompañamiento de su bancada, el PRO, la UCR y legisladores alineados con gobernadores que acordaron demandas para sus provincias. La historia se repitió en la Cámara de Diputados. Por acuerdo previo a la sesión, se rechazó el artículo 44, referido al pago de licencias por enfermedad. El resto fue aprobado tal como llegó del Senado, pese a que la oposición intentó, sin éxito, introducir modificaciones. Resta ahora la aceptación formal de la eliminación de ese artículo para que el proyecto quede definitivamente sancionado.
El bochorno de algunos diputados. Quien escribe esta columna, se define como un hombre de la democracia y ha tenido la oportunidad, en múltiples coberturas periodísticas, de asistir al Congreso de la Nación. Allí donde se lee “Honorable Cámara de Diputados” y “Honorable Cámara de Senadores. Lo lógico es esperar un comportamiento acorde a esa denominación.
Sin embargo, la actitud de la diputada santafesina Florencia Carignano, quien desenchufó los micrófonos del recinto junto a otros legisladores —entre ellos Agustín Rossi y Cecilia Moreau— resulta inadmisible. No menos cuestionable fue la expresión de la diputada Lilia Lemoine, quien llegó a manifestar: “quedaste grabada, pedazo de loca”.
Este es el nivel que deteriora la calidad institucional. Hubo tiempos en los que se valoraba la solidez de los argumentos, independientemente de la posición ideológica, y más aún si estaban acompañados de una buena oratoria. Hoy, en cambio, parece buscarse un efímero espacio mediático, no por la brillantez del discurso, sino por la torpeza del comportamiento, perjudicando la imagen de todo el cuerpo legislativo. Aun así, subsisten algunos pocos legisladores valiosos, más allá de sus diferencias ideológicas.
Sectores de la oposición sabían que el oficialismo se encaminaba a la aprobación del proyecto. Así lo expresó, entre otros, el diputado Nicolás Mayoraz, quien sostuvo que el objetivo era impedir la votación. Este tipo de escenas explica, en parte, el hartazgo social frente a dirigentes que no logran dar respuestas concretas, mientras perciben ingresos muy superiores a los de la mayoría de los ciudadanos.
¿Qué cambia con esta ley? No se trata de una solución mágica capaz de resolver todos los problemas estructurales de la economía argentina. No es una panacea. Sin embargo, introduce cambios en un contexto donde el empleo formal no crece desde hace muchos años y mientras aumenta el trabajo informal y la modalidad del monotributo.
Resulta exagerado afirmar —como lo hizo el diputado Máximo Kirchner— que la norma implica un retroceso de 70 años en materia de derechos laborales. Cabe preguntarse qué ocurrió durante los años de la gestión anterior: ¿cuántos empleos formales, bajo el régimen vigente, se generaron? La informalidad fue la variable que más creció, con consecuencias aún más negativas para los trabajadores que el régimen aprobado, por cuanto no reporta lisa y llanamente ningún derecho..
La postura de los abogados. Otro sector que expresó su rechazo fue el Colegio de Abogados de Reconquista, que manifestó su oposición a la reforma. Entre los puntos cuestionados se encuentran la posibilidad de que los honorarios profesionales puedan abonarse en cuotas según la magnitud de la empresa demandada, así como las disposiciones vinculadas a la sobreestimación de demandas laborales.
La reforma prevé que, en caso de reclamos desmesurados y que no prosperen, puedan establecerse responsabilidades económicas proporcionales. Para algunos, esto apunta a desalentar abusos; para otros, representa una limitación en el ejercicio profesional.
Tras las críticas recibidas, se aclaró que el documento difundido no era de autoría exclusiva del colegio local, sino de los cinco colegios de la provincia. Muchas veces hay un dicho que lo dice todo: “No aclares, porque oscurece”.
La discusión sobre la llamada “industria del juicio” vuelve así al centro del debate. Lo cierto es que, luego de más de 40 años de intentos, esta semana la reforma podría convertirse en Ley. La normativa actual no refleja plenamente la realidad del mercado laboral contemporáneo. Será el tiempo el que determine si los cambios aprobados implican un retroceso, como sostienen las voces opositoras, o una mejora, como afirma el Gobierno.
Les deseo una muy buena semana.
Lic. José Carlos Odasso
