Rubén Martínez, Fiscal Regional de Reconquista, habló en Vía Libre sobre las dificultades del sistema, la reiterancia delictiva y el avance del narcomenudeo en la región, entre otros temas.
Informe anual y cambios institucionales
El fiscal regional repasó el informe de gestión correspondiente al período 2024 y explicó por qué suele presentarse hacia fin de año. Señaló que la carga de trabajo y la centralización de estadísticas en Santa Fe demoran la elaboración: “El periodo legislativo empieza el 1 de mayo (hasta la Constitución pasada)… Luego empieza la dinámica propia de toda actividad y se va retrasando”.
Con la reforma constitucional, el esquema cambia: el próximo año el informe de la Fiscalía General debería ser hacia el 15 de marzo y el de las regionales alrededor del 15 de abril.
Martínez remarcó que la centralización de datos estadísticos genera demoras y obliga a las regionales a “hacer un doble trabajo”, especialmente en circunscripciones con pocos recursos humanos.
Cinco circunscripciones, cinco realidades
Consultado sobre las diferencias entre las regiones, Martínez explicó que existe un marco común para actuar, pero que su aplicación no siempre es sencilla: “Un fiscal de Las Toscas debería tener el mismo principio de actuación que el de Rufino”. Sin embargo, sostuvo que la distancia y las particularidades sociales hacen necesario un abordaje ajustado al territorio.
Recordó además que a fines de 2023 se modificó la ley orgánica del MPA, ampliando las facultades de la Fiscalía General, lo que desplazó parte del poder hacia Santa Fe: “Tiene sus ventajas y desventajas… el péndulo está inclinado hacia el centralismo”.
Recursos y funcionamiento del MPA
Martínez remarcó la falta de personal en comparación con otras provincias: “En la provincia somos alrededor de 800 personas en el MPA… Córdoba o Mendoza tienen entre 1600 y 1800 agentes”.
Aun así, planteó que el objetivo actual es optimizar la eficiencia, sobre todo después de que el MPA pasara a ser un organismo extrapoder: “Tenemos que pensar en un equipo que sea eficiente… y producir las acciones necesarias”.
Uno de los principales obstáculos, según explicó, es la debilidad investigativa: “Muchas de las investigaciones no tienen la profundidad que se necesita para superar los estándares probatorios”, recordando que “la investigación la lleva la policía”, tanto en prevención como en función judicial. En este sentido, afirmó que se deben aplicar los mismos protocolos en policía y fiscalía.
Al mismo tiempo, Martínez aclaró que el fiscal ya no dirige la investigación, sino que hoy tiene la “dirección estratégica procesal”, decidiendo si se detiene, imputa o se aplica una medida cautelar, además de acusar.
Reiterancia delictiva: más de 140 detenidos
El fiscal regional informó que se trabaja especialmente sobre autores reiterantes. Indicó que en el último año y medio se registraron “aproximadamente 146 personas reiterantes de delitos” detenidas.
A partir de una resolución propia, Martínez ordena detener a quienes acumulen tres hechos contra la propiedad o delitos combinados (como abusos simples con robos). Luego, el fiscal de turno cuenta con 96 horas para reunir evidencia e imputar.
Se designó además al fiscal Leandro Aguilar para priorizar las causas de autores reincidentes. Martínez explicó que, al acumular todos los expedientes de un sospechoso, el fiscal puede solicitar prisión preventiva con base en el artículo 221, inciso 10, del Código Procesal Penal, que considera la reiterancia como pauta de peligro procesal.
“Queremos que se sepa que si hay una persona que tiene dos hechos, si comete el tercero sepa que va a quedar detenido”, afirmó.
Narcomenudeo y el vínculo con los delitos contra la propiedad
Martínez sostuvo que gran parte de los robos y hurtos reiterados están directamente vinculados al consumo de drogas. Reconoció que la asunción del microtráfico generó una carga adicional: “Nos tiraron una mochila sin recursos”, señaló, aunque destacó que los procedimientos se realizan de manera gradual y priorizando denuncias sensibles.
Explicó que, a diferencia de Rosario y Santa Fe, en la región no hay búnkeres ni bandas organizadas: “Acá lo que hay es una atomización y ventas de estupefaciente en hogares particulares, especialmente de gente vulnerable”. Esto, advirtió, complejiza la investigación y agrava el impacto social.
Martínez insistió en que la respuesta no puede ser únicamente penal: “Excede las posibilidades de la justicia y de la policía… hay que convocar a los organismos de gobierno para coordinar acciones de prevención”. Y aclaró: “Nuestra función no es solucionar el problema ese. Nuestra función es meter preso a aquellos que cometen delitos, no internar adictos”.
Violencia de género en aumento
Martínez advirtió que la violencia de género sigue siendo uno de los problemas más graves del norte santafesino. Señaló que, dentro del grupo de “delitos estratégicos”, el 60% corresponde a hechos de género, incluidos abusos sexuales que involucran a mujeres, niñas y adolescentes. “Algo nos está pasando a los hombres del norte santafesino, donde sin ninguna duda hay una conducta machista naturalizada y arraigada”, afirmó.
El fiscal indicó que la circunscripción acumula 1100 legajos de abusos sexuales, supervisados por la fiscal Alejandra Del Río, y que la cifra crece año a año. Sostuvo que la respuesta no puede limitarse al accionar judicial posterior al delito y reclamó trabajo preventivo y articulado entre áreas de género de la provincia, municipios, equipos territoriales y organizaciones que intervienen en situaciones de riesgo. Según dijo, muchas agresiones que hoy investiga el MPA podrían detectarse antes y evitar desenlaces más graves, incluso femicidios.
Martínez destacó que la Fiscalía amplió la Unidad Especial de Violencia de Género a Reconquista, Vera y Las Toscas, y que hoy cuenta con cinco fiscales dedicados exclusivamente a estos casos.
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