El secretario general de la Municipalidad de Reconquista, Guillermo Romero Mansur, se refirió a la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante en su sesión del jueves 26, que eximía del pago de un canon del 5% a una empresa encargada de obras de urbanización en el loteo Cian. La norma fue vetada por el Ejecutivo municipal, y generó además un cruce político por un error de tipeo en el texto sancionado.
Según explicó Romero Mansur, el beneficio aprobado por el Concejo incluía la eximición de un canon del 5% por derecho a edificación y de otro porcentaje menor correspondiente al uso de espacios públicos. La empresa en cuestión trabaja en obras financiadas por el gobierno provincial.
“Se ha mandado el veto desde el Ejecutivo por la cuestión de fondo, la eximición de un tributo que consideramos que no reúne las condiciones para serlo. Uno se pone a pensar cuál fue el objetivo de hacerlo tan apurado, sin consultarlo al Ejecutivo. Sancionar una norma por mayoría sin siquiera citarnos a comisión o requerir información al respecto. No termino de entender si el objetivo es desfinanciar al municipio o hay otra razón. Es llamativo que días después de la aprobación haya salido un video de campaña. Da que pensar“, sostuvo.
El funcionario remarcó que el canon que se pretendía eximir ya fue contemplado en el contrato entre Provincia y la empresa adjudicataria. “No se está inventando un tributo para cobrarle a quien está desarrollando una obra. Esto en la licitación que hizo la Provincia lo dice claramente en su punto 3 anexo 2. Está contenido adentro del cálculo de costos. Ya lo pagamos todos los santafesinos. ¿Cuál es la excepcionalidad para generar un favor a esta UT?“, planteó.
En ese sentido, desmintió el relato de la oposición que indica que el canon del 5% está vinculado al uso de un espacio público. “Ese canon corresponde al derecho a edificación“, aclaró.
Sobre los montos en juego, Romero Mansur detalló que la obra tiene un presupuesto de 2.300 millones de pesos, lo que representa 115 millones de pesos a pagar por derecho de edificación. En tanto, por derecho a uso de espacios públicos, estimó un monto cercano a los 30 millones de pesos. “Es lo que corresponde pagar y es así hace más de 25 años. La Provincia ya lo contiene en el pliegue de licitación“, finalizó.
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